Corte de caja y escenarios

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El Tercer Informe de Gobierno siempre simboliza, como sello, una nueva fase para el Ejecutivo Federal y para la vida pública en México. Más allá de llegar a la mitad del sexenio por calendario, tiene lugar un cambio sensible en las condiciones que gravitan en la conducción del país, en términos de desafíos, tiempos y capacidades.

Es momento para un corte de caja, a fin de determinar prioridades hacia la recta final. La reflexión, objetiva y con autocrítica, es obligada no sólo para el Gobierno de la República, sino para todos los eslabones del Estado, la sociedad, sus sectores y la ciudadanía.

Ante el Informe Presidencial del Presidente Enrique Peña Nieto, el próximo 1º de septiembre, no sólo se cumple este patrón, sino que es aún más patente, con un contexto nacional y el internacional radicalmente distintos.

El mapa de retos y perspectivas es otro, al igual que el posicionamiento y la iniciativa que mantuvo el Gobierno Federal sobre la agenda nacional, con una dinámica que prevaleció desde la transición en el 2012, hasta el último cuarto del 2014, cuando se marca un punto de inflexión.

Para entonces ya se habían logrado algunos de los objetivos más importantes que se trazaron desde la toma de protesta y con el anuncio del Pacto por México. En específico, más de 11 reformas estructurales aprobadas, que por décadas parecieron políticamente imposibles y que hoy ofrecen un renovado rumbo y potencial para el país, a través de cambios sustantivos en materia educativa, laboral, de competencia económica, energética y política, entre muchas otras.

El propio Pacto entre las fuerzas políticas fue el banderazo de arranque de una nueva fase en la política nacional, dejando atrás la parálisis por la disposición a los acuerdos y un gran dinamismo legislativo. Este es un logro como nación, que debe tener continuidad: aún son muchos los asuntos pendientes en el Congreso.

Sin embargo, al mismo tiempo que se concretaban las reformas, el entorno económico internacional comenzó a complicarse de manera extrema, con creciente inestabilidad, debilidad en el crecimiento y fenómenos de especial impacto para México, como la caída de los precios del petróleo.

Al mismo tiempo, al interior del país, desde fines de 2014 se han presentado sucesos y polémicas que han confirmado, con contundencia, la gravedad, la profundidad y lo lejos que estamos de resolver algunos de los más acuciantes problemas de la nación desde hace décadas. De la tragedia de Iguala hasta la fuga del penal de Almoloya.

En el fondo, detrás están la densidad delictiva que ha crecido durante décadas, con la violencia e inseguridad pública que provocan; la precariedad del Estado de derecho y la recurrencia de la corrupción y la impunidad; la pobreza que nos lastima a todos, de más de 55 millones de mexicanos.

Así, en la evaluación de primera mitad del sexenio, necesariamente el balance es de contrastes, como es natural para un proceso tan complejo, como lo es el devenir de un país como México.

En materia económica, no hemos logrado romper la inercia de bajo crecimiento, y para ello, como señalamos, no ayuda la situación internacional. Si este año crecemos al 2.5%, con una inflación esperada, menor al 4%, estaremos cerrando el trienio con un promedio anual cercano a 2% en cuanto a crecimiento y de alrededor de 4% en la evolución de los precios: el «estancamiento estabilizador» de las últimas dos décadas.

Si bien hay focos amarillos en variables como el aumento de la deuda pública, se mantiene la disciplina en las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica. A diferencia de un gran número de países que enfrentan escenarios de recesión, México sigue creciendo.

Lo que realmente cambia es la perspectiva a mediano y largo plazo, con el potencial abierto por las reformas estructurales, que deben complementarse con un gran esfuerzo en materia de productividad y de generar mejores condiciones para la inversión.

El gran reto a corto plazo: urge impulsar con fuerza el mercado interno y el consumo, una mejora en la economía de personas y empresas, sin comprometer la estabilidad. Contamos con varias opciones viables para hacerlo. Junto con la gran oportunidad que implica el proceso de presupuesto base cero, es imperativo hacer ajustes al marco fiscal vigente desde 2014, que no ha sido favorable para lograr una mayor inversión y creación de empleos formales.

En lo relativo a la inseguridad pública, hay esfuerzos y avances alentadores en algunos frentes, pero todavía incipientes como para afirmar que esté gestándose un cambio firme en la situación y las tendencias. No podemos bajar la guardia. Más allá de las estadísticas, las raíces y causas profundas del fenómeno de la inseguridad siguen ahí.

El número de homicidios se redujo casi en 15% el año pasado, pero sigue al doble que hace siete años, cuando se disparó con fuerza. En algunas zonas donde la situación era muy delicada, ha regresado una relativa tranquilidad, pero en otras regiones se dan fenómenos preocupantes, hasta ahora sin soluciones completas, como el de las autodefensas y las guardias comunitarias.

Es notable el esfuerzo para fortalecer la coordinación interinstitucional y entre los órdenes de gobierno, pero en el gran desafío de la depuración y profesionalización de policías y cuerpos de procuración e impartición de justicia los avances son muy desiguales y en muchos estados y municipios, imperceptibles.

La participación de las fuerzas armadas sigue siendo necesaria, como último garante ante esas deficiencias y vacíos; con el reconocimiento social que merecen, pero sin que aún se aprueben las reformas necesarias para darles certidumbre jurídica en este gran papel emergente.

Al acercarse a su tercer año, es oportuno revisar los resultados y perspectivas de la estrategia de seguridad pública, para reforzarla y hacer los ajustes que procedan.

De forma paralela, hay que dar todo el peso prioritario que debe tener el tema del Estado de derecho. La reforma para crear un sistema nacional anticorrupción es un hito, para empezar a cambiar de verdad en este gran flagelo nacional. Falta la legislación secundaria y la armonización con las leyes estatales, y hay que tener bien presente que apenas es el arranque.

La legalidad no se asegura sólo legislando o por decreto; se requiere, como en todas las reformas, una implementación efectiva y voluntad real de transformación, en todos los niveles de gobierno y en la sociedad.

Es claro un reto fundamental, transversal para todos los asuntos prioritarios: eficiencia y compromiso de ir a fondo en la implementación de las reformas. Asimismo, ser autocríticos para reconocer lo que no ha funcionado y poderlo cambiar

El país y el Ejecutivo Federal demostraron su voluntad reformadora en la primera mitad del sexenio; en la segunda parte, se necesita de la misma capacidad para el aterrizaje de ese legado en la práctica.

Para ser grandes reformadores, necesitamos también ser grandes implementadores. El camino es difícil, con múltiples obstáculos y resistencias, como se ha visto con la reforma educativa. La consigna es clara: ni un paso atrás en la construcción de un mejor futuro para todos los mexicanos.

De la misma forma, la proactividad para trazar un proyecto nacional, sumar voluntades y mover a México, se requiere para para replantear y hacer los ajustes que procedan, ante las nuevas condiciones y tiempos; para fortalecer la confianza nacional, tema de máxima prioridad; y para acelerar el paso para lograr los objetivos, teniendo en cuenta el menor margen de maniobra conforme se acerque el 2018.

En este camino, el compromiso del sector empresarial con el país es completo. México cuenta con sus empresarios, y nosotros con México.

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