Contra la piratería y la economía ilegal

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Una prioridad en la cual los empresarios queremos trabajar de cerca y de manera diligente con el Gobierno Federal es combatir a la piratería y a la economía ilegal en general, un cáncer que no sólo afecta severamente a nuestra industria y al comercio establecido, sino que también amenaza y pone en entredicho el Estado de derecho y el desarrollo integral de México.

La piratería se ha convertido en un desafío no sólo económico, sino de seguridad pública y gobernabilidad, por sus dimensiones y prevalencia, las arraigadas distorsiones que la reproducen, sus vínculos con la delincuencia y la tendencia preocupante de volverse un fenómeno considerado como «normal» e inclusive «legítimo», cada vez más aceptado socialmente.

Hoy se estima que prácticamente nueve de cada 10 mexicanos ha adquirido productos pirata en alguna ocasión y que cerca de dos terceras partes de la mercancía que se vende en la vía pública de las ciudades es de procedencia ilegal. De acuerdo con encuestas, la población con una percepción negativa respecto a la piratería es inferior al 60% del total, y el principal motivo no es su carácter ilegal, sino factores como la falta de calidad.

A pesar de que está tipificada como delito grave y relacionado con la legislación contra la delincuencia organizada, la piratería tiende a convertirse en una actividad común, tratada con alto grado de permisividad por las autoridades.
Es un comercio que se realiza a la luz del día, sin disimulo por parte de los vendedores y los compradores, inclusive a unos pasos de oficinas o instalaciones de gobierno, del fisco, de policías o instituciones de procuración de justicia, con especial intensidad en grandes ciudades, como el área metropolitana del Valle de México.

Se han incrementado los decomisos y aunque nuestro país ha firmado diversos tratados y convenios internacionales para proteger propiedad intelectual, la sensación que priva es de simulación, cuando no de rendición a los hechos por parte de autoridades y ciudadanos.

Las afectaciones de esta actividad relacionada íntimamente con el contrabando y la competencia internacional desleal son millonarias y devastadoras en muchos sectores. Significan menos inversiones y empleos formales; acotan severamente el desarrollo del mercado interno.

El golpe es muy fuerte en industrias como vinos y licores, juguetes, perfumes, medicinas, televisión por cable, cigarros, cine y video. Nueve de cada 10 películas que se compran en México son piratas. Al menos la mitad de la mercancía que se desplaza de fonogramas, calzado y vestido, donde han desaparecido unos 200 mil empleos en gran medida por esta causa, es de procedencia ilegal.

Las pérdidas estimadas para productos de software aumentaron casi 600% en 10 años, para llegar a alrededor de mil 250 millones de dólares. 59% de los programas instalados en computadoras mexicanas carece de licencia.
En general, se calcula un menoscabo de más de 950 mil millones de pesos para la economía formal y el fisco, causado directamente por la piratería y el contrabando. Es dinero que en gran parte va a parar a las arcas del crimen organizado, que ha puesto en crisis la seguridad pública en México.

Suponiendo que los artículos ilegales que se desplazan en el país se vendieran, en promedio, al 20% de su precio en el comercio establecido, las ventas de quienes se dedican a esta actividad delictiva pueden sobrepasar los 15 mil millones de dólares, cifra superior a la derrama anual de divisas por concepto de turismo.

Aunque técnicamente no es contrabando, la importación masiva de automóviles usados es un fenómeno devastador para el mercado interno automotriz. El año pasado, los autos chocolate que se introdujeron al país representaron más del 46% del total de ventas de vehículos nuevos, y la tendencia ha ido al alza.

Urge marcar un punto de inflexión a esta situación. No podemos permitir que siga creciendo la economía ilegal y toda aquella contraria a una lógica de desarrollo económico formal y sustentable.

El sector empresarial y el gobierno tenemos que trabajar de manera conjunta y coordinada para que en México opere una sola economía legal: ampliar y fortalecer al sector formal, incorporar al informal a la legalidad y combatir con firmeza, sin permisividad las actividades criminales, como la piratería y el contrabando.

El objetivo es claro: una sola economía, todos dentro de la ley.

El combate a la piratería, el contrabando y la economía ilegal en general debería ser un elemento fundamental en la estrategia nacional contra la inseguridad pública y el crimen organizado, tanto en términos de persecución como de prevención.

Bienvenidos todos los cambios legislativos que vayan en este sentido, pero se requiere de aplicación puntual y eficaz de la ley por parte de las autoridades federales, estatales y municipales: ir directamente contra las redes, las bodegas y centros principales de estas actividades delictivas, que en gran medida están a la vista.

Es un gran paso el haber retomado la Comisión Intersecretarial de Combate a Piratería y Contrabando, en la que están representados tanto gobierno federal como la iniciativa privada. Estamos decididos, para imprimir un nuevo dinamismo al seguimiento, generación e implementación de iniciativas, con objetivos claros.

Los organismos del sector empresarial mexicano tenemos múltiples propuestas que estaremos promoviendo en este y otros espacios de comunicación, y que queremos impulsar en esta Comisión y a través del Comité de Una Sola Economía, todos dentro de la ley, que esperamos formalizar, más allá de una colaboración. Se requiere de un enfoque transversal entre las dependencias involucradas, entre ellas las Secretarías de Gobernación de Economía y de Hacienda.

Entre las prioridades están el impulso y la creación de un programa integral de incentivos y eliminación de obstáculos para la formalización de las empresas, el fortalecimiento de la operación aduanal y de la protección a la propiedad intelectual y, desde luego, una campaña masiva de difusión para la sensibilización sobre el problema.

A todos los mexicanos, les pedimos que rechacen la piratería y el contrabando, que no sigamos alimentando, con un comportamiento socialmente irresponsable y autodestructivo, una actividad tan lesiva para el empleo, el desarrollo económico sustentable y el Estado de derecho.

La cultura de la ilegalidad le hace mucho daño a México.

No podemos aspirar a ser un país del primer mundo mientras permitamos hábitos de consumo y de tolerancia al delito y la impunidad que generan un paraíso para la economía ilegal. Es hora de cambiar.