Contra la impunidad y a favor de la Reforma Educativa

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Las reformas estructurales que se han hecho en México son de enorme trascendencia, pero debe tenerse claro que si bien se ha superado la indispensable fase legislativa, ahora tenemos el enorme desafío de la implementación.

De la oportunidad y eficiencia en esta etapa de ejecución depende el que las reformas rindan todo su potencial o que, por el contrario, queden a medias en su aplicación y resultados, o peor aún, resulten en cambios en la teoría, pero no en la práctica, como ha ocurrido tantas veces en la historia de México.

El caso de la reforma educativa es emblemático en cuanto a este reto, y la revisión objetiva de los avances y rezagos en su instrumentación es fundamental, ahora que se cumplen dos años de que fuera declarada constitucional, para luego ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de febrero de 2013.

Además, en las últimas semanas se han evidenciado, con toda su crudeza, los obstáculos, resistencias e inercias de mayor peso contra el desarrollo de esta gran reforma, fundamental para el progreso del país.

En particular, la acción de grupos sindicales que han tomado como botín y renta el presupuesto educativo, así como medio para perseguir fines políticos ajenos a la docencia e inclusive a la organización gremial.

Ahora que estamos debatiendo y empujando una reforma a fondo a favor del Estado de derecho, la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas, hay que señalar con contundencia que el chantaje que ejercen estos grupos, que han tomado como rehén la educación de millones de niños y jóvenes, está en el trasfondo de una de las más nocivas formas de corrupción e impunidad que hay en México. Afecta el presupuesto público, pero lo más grave, atenta contra el futuro de las nuevas generaciones.

La corrupción, la impunidad, los abusos e ineficiencias en el sistema educativo están detrás de que México sea uno de los primeros lugares en cuanto a horas de clase perdidas, entre los países donde se hacen mediciones de estos temas. En nuestras aulas se dan anualmente, en promedio, 562 horas efectivas de clase, contra 710 en Estados Unidos, a pesar de que ellos tienen un calendario con 20 días menos.

22% de los mexicanos de 15 a 29 años no tienen empleo ni están matriculados en educación o formación. Ni estudian, ni trabajan.

En cuanto a la nómina educativa, se han estimado cerca de 300 mil pagos irregulares, que podrían costar al erario más de 35 mil millones de pesos cada año.

Ya basta de impunidad. Pedimos, como la gran mayoría de los mexicanos, millones, firmeza en la implementación de la reforma educativa y Estado de derecho, sin excepciones. Que no se permitan, ni  queden sin sanción los actos de vandalismo; que no se sigan pagando rentas a aviadores y faltistas, y que se despida, conforme a derecho, a quienes estén cometiendo abusos, comenzando por la revisión a fondo y depuración de los casi 40 mil empleados que no se sabe dónde están ni qué hacen. Que no se siga exprimiendo al erario para financiar privilegios de líderes y grupos, y propósitos políticos extra educativos.

La condescendencia con estos grupos no ha ayudado a frenar su actuación, y ha puesto en entredicho el desarrollo de la reforma. Esperamos un cambio, para que haya diálogo, pero también decisión en cuanto a que se apliquen las leyes. Confiamos en que la sociedad apoyará esta actitud, en los retos por venir, como la revisión salarial en mayo próximo.

Asimismo, este año vienen concursos para maestros y directores, en julio; la obligación de evaluación universal para maestros y la nueva prueba para estudiantes PLANEA, en junio. En el 2016, no más monopolio de las escuelas normales.

Vamos adelante con la reforma educativa. Insistimos en la necesidad de un pacto social y político para su implementación, sin excepciones.

Desde la visión del sector empresarial, el avance es muy desigual, a lo largo de todo el país. Se han dado resultados muy importantes, como la creación del INEE, el censo de maestros y la centralización del pago de nómina,  pero se requiere acelerar el paso: nuevamente, implementar con más firmeza y eficacia.

Los cambios legales se convertirán en una verdadera reforma cuando se logren resultados concretos: que los niños y jóvenes aprendan mucho más y, por ende, tengan mejores perspectivas de vida.

En este sentido, queremos remarcar la paradoja que existe actualmente en el mundo, y con especial fuerza en nuestro país. Se presentan altos niveles de desempleo entre jóvenes y, al mismo tiempo, un gran número de empleadores que afirma no encontrar gente con habilidades requeridas.

Si en México se pregunta a un directivo de Recursos Humanos o un empresario sobre la facilidad para cubrir un puesto, la respuesta mayoritaria está entre «difícil» y «muy difícil». Si se pregunta a un recién egresado o por egresar sobre sus opciones de empleo de interés, la respuesta tiende a ser «pocas» o «muy pocas».

Unos no encuentran los trabajadores con las aptitudes deseadas, y otros no encuentran buenos trabajos. La dinámica oferta/demanda de competencias no funciona. Todas las partes de la balanza tenemos que actuar: sector educativo, empresarial, gobierno y sociedad.

La Comisión de Educación del Sector Empresarial (que se integra por los organismos que conforman al CCE) ha venido trabajando junto con la SEP en la revisión y modificaciones de la currícula correspondiente a educación media superior; en donde el sector empresarial está aportando información sobre las competencias que requieren los sectores productivos. Este gran esfuerzo se verá reflejado a partir del segundo ciclo escolar de 2015.

Asimismo, el sector empresarial está apoyando a instituciones educativas para desarrollar programas específicos en educación técnica y está trabajando con las dependencias gubernamentales en la formulación de programas para un sector prioritario y estratégico como el energético.

No debemos de distraernos con la política, sino enfocarnos en dar y exigir resultados. Era de esperarse la resistencia de algunos contra la transparencia, concursos de plazas y rendición de cuentas. Pero tenemos que defender el derecho prioritario de los niños mexicanos a una educación de calidad; y comprometernos con la lucha para abatir la corrupción.

Tiene que haber seguimiento, investigación y sanción, en su caso, a los actos de corrupción evidentes que se han dado a conocer en estas últimas semanas. Que no queden como unos escándalos más, diluyéndose en el tiempo y en el amplio archivo de la impunidad en México.

Es de suma relevancia seguir muy de cerca lo que sucede con la educación en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas. Debemos defender la puntual implementación de la reforma educativa. Insistir y recordar que es sólo el inicio de un largo proceso de cambio.

La reforma educativa va a ganar, pero tiene que empezar a hacerlo con más rapidez. Hay que apretar el paso a favor de nuestros niños.

 

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