CONAGO – IP

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El CCE y organismos del sector privado con presencia nacional hemos empezado a trabajar con la Conferencia Nacional de Gobernadores para consolidar una relación de consulta y cooperación más estrecha y estratégica.

Buscamos delimitar objetivos comunes y generar iniciativas, programas y esfuerzos conjuntos. Establecer compromisos generales, que puedan reproducirse en los estados, con las particularidades, capacidades y visión de las organizaciones empresariales en cada uno de ellos.

La Agenda por México, que el sector empresarial consensuó internamente y posteriormente con el Gobierno Federal, puede y debe extenderse a los estados. Igualmente, asegurando cauces para la participación efectiva de la sociedad civil y dándole sus espacios y tiempos al Poder Legislativo, como debe ser en el propio Pacto por México.

El pacto por México debe incluir a la sociedad, para tener mayor solidez y efectividad en las propuestas.

Con este propósito, estamos proponiendo un Decálogo de prioridades y acciones para una agenda compartida con la CONAGO, que contribuya a avanzar en agendas estatales de amplio alcance.

Primero. Democracia y federalismo. En los estados hoy existe una sociedad civil más participativa, pero persisten rezagos en materia de democratización, falta de equilibrios que generen pesos y contrapesos y una preocupante radicalización de grupos de presión.
Queremos promover la reelección de legisladores y alcaldes; las candidaturas independientes; que se fortalezcan las comisiones estatales de derechos humanos, órganos fiscalizadores y electorales.

Segundo. Salvaguardar la integridad física y patrimonial de los mexicanos, en todos los estados y municipios.
Persiste una crisis de inseguridad pública en algunas zonas del país y una coordinación y corresponsabilidad insuficientes entre los tres niveles de gobierno.

Hay que consolidar los mandos los únicos; profesionalización de policías; programas de prevención con énfasis en educación y empleo, y medidas como el seguro obligatorio de automóviles

Tercero. Transparencia y rendición de cuentas en la gestión de gobierno. Es claro que hay un déficit importante en este tema a nivel estatal y municipal, lo cual resulta inconsistente con el fortalecimiento del federalismo, que implica más facultades y atribuciones a nivel local.

Impulsamos la homologación de la legislación de institutos de acceso a la información; programas sectoriales gubernamentales (como los de seguridad, económico, desarrollo social, entre otros). Ejercicio de la gestión de gobierno con indicadores de desempeño y metas de resultados.

Cuarto. Estado de Derecho. Resulta clave acelerar la implementación de la reforma penal y juicios orales; la homologación de códigos penales; impulsar la cultura de la legalidad y la formalización económica; comisiones ciudadanas anti corrupción, en el marco de la reforma que está pendiente a nivel federal, y combate decidido a la piratería y a la economía ilegal.

Proponemos una campaña de regularización de derechos de propiedad, y la homologación e integración de todos los registros públicos de la propiedad y comercio con plataforma electrónica.

Quinto. Sustentabilidad de las finanzas públicas. Hoy los presupuestos y la inversión pública en los estados se encuentran acotados por fuertes compromisos en el gasto en materia de pensiones, educación y Salud. Existe una alta dependencia de las participaciones federales, muy baja recaudación local y problemas de endeudamiento con riesgos importantes.

Se requieren topes y controles en el endeudamiento público; acelerar la implementación de la Ley de Contabilidad Gubernamental; nuevo acuerdo de coordinación fiscal con mayores atribuciones y responsabilidades estatales; mayor recaudación tributaria en sinergia con los municipios.

Sexto. Un Pacto Nacional por la Educación de Calidad. Con participación de los gobiernos federal y estatales, sociedad civil, padres de familia, sindicato, organismos empresariales y CONAGO, Congreso de la Unión entre otros. Ir adelante con la reforma constitucional, con el compromiso total de las 32 entidades de la República, sin excepciones.

Se requiere apoyo especial a estados como Guerrero, Oaxaca y Michoacán y medidas como el padrón único de profesores, bancarización de la nómina, que los gobiernos no retengan cuotas sindicales y mayor esfuerzo, de ambas partes, para ampliar la vinculación escuela-empresas.

Séptimo. Desarrollo económico sostenible y socialmente incluyente. Subsisten graves desequilibrios regionales en materia económica y social.

Los cinco estados más competitivos concentran dos terceras partes de la inversión extranjera directa y 30% del PIB, con un per Cápita que casi duplica el de las cinco menos competitivas. La participación relativa en el PIB nacional de la macrorregión norte casi dobla al del Sur-Sureste.

Hay mucho trabajo por hacer en frentes como la regulación. Es a nivel municipal donde se encuentran los verdaderos cuellos de botella, y el CCE está trabajando en una propuesta integral.

Vamos juntos por una política industrial efectiva y consensuada: vinculación entre grandes empresas y proveedores nacionales con empresas locales. Proponemos la creación de Centros Regionales de Integración de Proveedores; conformación de clusters; restablecimiento de cadenas productivas en sectores clave; consolidar plataformas competitivas de infraestructura, con inversiones bajo el régimen de APPs.

El apoyo a emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas locales es fundamental, y para ello hay múltiples oportunidades, como la de relanzar la banca de desarrollo: aumentar los recursos destinados a los programas de garantías y de fondeo y la creación de un fondo estatal de garantías para otorgar fianzas a Pymes proveedoras y constructoras del gobierno.

Queremos impulsar leyes de emprendurismo estatales: estímulos y créditos para que las empresas de nueva creación superen la barrera de tres años de maduración y el desarrollo de su potencial.

Octavo. Apoyo a las reformas estructurales: hacendaria, energética, seguridad social. Reforzar el Pacto por México con el compromiso de los gobiernos estatales.

Noveno. Sustentabilidad ambiental. Proponemos un fondo para la planeación y ordenamiento ecológico del territorio, que facilite las inversiones sustentables. Desarrollo de los esquemas intermunicipales y metropolitanos de servicios públicos. APPs para inversiones de largo plazo en uso eficiente del agua, manejo de basura, infraestructuras y tecnologías verdes.

Décimo. Coordinación efectiva entre la federación, los estados y los municipios. CONAGO como promotor e impulsor de acuerdos interestatales y regionales, como lo ha venido haciendo y el sector privado como un aliado en estas tareas. Hay una premisa que no debe perderse de vista: la competitividad de los estados depende de la que logren sus municipios.

Con un enfoque de corto plazo, estamos proponiendo a la CONAGO cinco acciones conjuntas:

Uno. Acordar una agenda compartida, que tome en cuenta el decálogo que proponemos.

Dos. Implementar Consejos Consultivos para la Competitividad y el Crecimiento en las 32 entidades, para impulsar coordinadamente políticas públicas con estos dos fines.

Tres. Una cruzada de las empresas, los estados y los municipios por la mejora regulatoria.

Cuatro. Materializar la disposición de los organismos empresariales para trabajar con los gobiernos estatales en estudios económicos y de sustentabilidad, y promoción de inversiones.

Cinco. Formación de comisiones de combate a la piratería y a la economía ilegal en cada entidad federativa, con participación de la iniciativa privada.

El objetivo es promover juntos, gobiernos estatales-iniciativa privada, sinergias a nivel local que rindan frutos a escala nacional. En contraparte, coordinarnos para que las políticas y reformas de carácter nacional, incorporen las perspectivas y necesidades particulares de las entidades.