La publicación de la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas es una magnífica noticia para México. Ésta representa una alternativa eficaz para detonar un mayor desarrollo de infraestructura, generar empleos y elevar la actividad productiva del país.

Por ello, los organismos que formamos parte del Consejo Coordinador Empresarial hacemos un reconocimiento al Ejecutivo y a los Legisladores, cuya labor hizo posible que el día de hoy se haya publicado dicha ley en el Diario Oficial de la Federación.

Gracias a este esquema, el gobierno mexicano podrá destinar mayores partidas presupuestales para atender las demandas de la población, ampliando las fuentes de financiamiento y elevando la calidad de los servicios

Dentro de un marco jurídico equilibrado y que ofrezca certidumbre a quienes aporten inversión tanto pública como privada, se podrán reducir los costos de riesgo y de construcción, así como acelerar la preparación de proyectos, reducir los tiempos de ejecución e implementación.

La infraestructura es un factor determinante para el desarrollo económico, el bienestar de la población y la competitividad de cualquier país.

Por lo anterior es fundamental aprovechar el potencial del sector privado, no únicamente para financiar, sino para co-invertir en proyectos productivos regionales, en los que participen en un esquema de socios con el gobierno.

Con la nueva Ley, el gobierno podrá capitalizar los recursos de la iniciativa privada para construir hospitales, escuelas, carreteras, puertos, aerotransportes, centros de readaptación social y proyectos de desarrollo urbano, entre otros, y destinar más recursos públicos a programas sociales de alta rentabilidad.

Por parte de la iniciativa privada, existen en el sistema financiero mexicano recursos disponibles de inversión del orden de 240 mil millones de pesos que podrán ejercerse a través de esquemas de co-inversión.

Esto es muestra de lo mucho que podemos lograr cuando los diferentes sectores apostamos a un objetivo común: el crecimiento de México.