Compromisos mínimos

   

Lunes, 22 de mayo de 2017

En 2016, México acumuló tres décadas de mantener un desarrollo sostenido pero un crecimiento económico muy limitado: 2.5 % al año. Si bien el PIB per cápita se multiplicó casi nueve veces y avanzamos en la superación de prácticamente todas las carencias sociales, la pobreza persiste en niveles cercanos a 1994.

Estos resultados mixtos son reflejo de la disparidad entre las diferentes regiones del país. En los últimos diez años, estados con amplios clusters de desarrollo, como Querétaro y Aguascalientes, crecieron a tasas cercanas al 5%; en contraste, estados con rezagos importantes en términos de productividad, informalidad e índice de desarrollo humano, como Chiapas y Oaxaca, crecieron a tasas inferiores al 2%.

Las disparidades existentes reflejan importantes deficiencias en términos de infraestructura, capital humano, estado de derecho y sociedad civil; pero también la responsabilidad de los gobiernos locales sobre el destino de sus estados. Desde el sector privado entendemos que la política se construye en las diferencias, pero existen aspectos de ética pública y conducción gubernamental que trascienden partidos e ideologías.

En dos semanas, cuatro estados del país sostendrán elecciones: Coahuila, el Estado de México, Nayarit y Veracruz. Los ciudadanos en esos estados decidirán quiénes son los candidatos mejor calificados para gobernar; tomando su decisión no con base en quiénes son los más carismáticos o quiénes tienen mejor publicidad, sino en función de quién tiene la experiencia y las mejores propuestas para construir bienestar.

Muchas organizaciones del sector privado con presencia local en estos estados, ya han avanzado en compromisos y propuestas similares, con focos regionales. Las propuestas del CCE buscan sumar y abonar a estos trabajos con el fin de fijar una agenda mínima de compromisos por parte de los candidatos a un puesto de elección popular. Para las empresas generadoras de empleo en el país, estas medidas son indipensables para promover el crecimiento económico y el bienestar de todos los mexicanos. Por eso, proponemos:

 

  1. Mantener la estabilidad de las finanzas públicas. Es necesario reducir la deuda, diseñar una política fiscal que impulse la inversión, genere empleo, fomente la innovación y permita un ejercicio del gasto público responsable y por objetivos. Además, debe concluirse el proceso armonización contable, de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

 

  1. Diseñar un esquema regulatorio que incentive la creación de empresas y la formalidad. Necesitamos facilitar que los emprendedores mexicanos pongan una empresa sin trabas ni sobrecostos. Invitamos a los candidatos a gobernador a comprometerse a replicar el decreto 2×1 del Presidente de la República, para que lo apliquen a nivel local en materia de desregulación.

 

  1. Impulsar la productividad de las empresas y la competitividad de sus estados con más y mejor infraestructura. Los gobiernos estatales y municipales tienen la capacidad de promover el acceso al crédito y fomentar la innovación en las empresas para la productividad. Al mismo tiempo, deben desarrollarse proyectos de infraestructura que detonen la inversión y permitir asociaciones público-privadas que mejoren las comunicaciones, educación, salud y prestación de servicios públicos, en general.

 

  1. Dar certidumbre jurídica a la inversión. Es impostergable que existan garantías suficientes para quienes invierten en el país. Debe trabajarse por el cumplimiento de contratos y la continuidad de un marco jurídico favorable a la inversión.

 

  1. Acelerar la aplicación de la reforma educativa. Es necesario elevar la calidad de la formación del capital humano, poniendo especial énfasis en el desarrollo de habilidades que impulsen el emprendedurismo y la inserción de los alumnos al mercado laboral. Imprescindible avanzar en la agenda digital de la Reforma Educativa y en la formación en inglés para los propios maestros.

 

  1. Garantizar transparencia y acceso a la información. Es importante desarrollar mecanismos de rendición de cuentas y transparencia. En este sentido, es responsabilidad de los gobiernos locales garantizar el acceso a la información de manera rápida y sencilla.

 

  1. Conformar un gabinete profesional. Es indispensable que los nombramientos del gabinete del estado se lleven a cabo bajo criterios técnicos. Cada secretaría exige un perfil particular de su titular que debe ser tomado en cuenta. Las designaciones no deben ni pueden definirse por compromisos partidistas y/o familiares.

 

  1. Corresponsabilidad en el fortalecimiento de las policías locales y prevención del delito en la coordinación. Necesitamos incrementar el presupuesto de seguridad, promover una mejor capacitación de las fuerzas policiales, generar nuevas métricas en materia de seguridad y desarrollar estrategias coordinadas que atiendan las necesidades locales y regionales. Además, debemos trabajar en la prevención del delito combatiendo sus causas, no sólo sus consecuencias.

 

  1. Compromiso con el combate a la corrupción. Los candidatos deben asegurar que construirán las instituciones y homologarán la legislación estatal de acuerdo con el Sistema Nacional Anticorrupción; así como poner en pràctica políticas vigorosas para avanzar en el combate a este problema social como factor indispensable para el crecimiento económico.

Estos nueve puntos rebasan posturas sectoriales y partidistas; son medidas necesarias para impulsar el desarrollo. Los candidatos que no puedan comprometerse con estas iniciativas, poco podrán contribuir al bienestar de sus representados. Desde el Consejo Coordinador Empresarial, invitamos a los candidatos a adoptar estas iniciativas.

Las próximas elecciones son una oportunidad para que los compromisos se traduzcan en hechos. Así como las ideas que no pueden traducirse en palabras no son buenas ideas; las palabras que no se traducen en acciones no sirven para nada. En dos semanas, millones de ciudadanos tendrán la oportunidad de elegir un nuevo gobernante. Es momento de exigir un compromiso real y tangible en favor de todos sus gobernados.