Combatir la impunidad

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Los acontecimientos ocurridos el pasado 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, han despertado una justificada indignación nacional e internacional, la cual no ha dejado de crecer.

No es para menos. Se trata de una embestida armada por parte de policías municipales, que terminó con la muerte de nueve personas y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

A la consternación por el destino desconocido de estos jóvenes, tras 30 días, hay que sumar lo que implica el que los presuntos autores intelectuales sean las propias autoridades políticas locales, encabezadas por el presidente municipal.

Como ha trascendido y era conocido a nivel local y por autoridades de distintos niveles, éste y su familia acumulaban, de tiempo atrás, acusaciones de otros delitos graves y vínculos con la delincuencia organizada. Por si fuera poco, en la búsqueda de los estudiantes plagiados, se han descubierto más fosas clandestinas con gente asesinada.

En conjunto, son sucesos que confirman, con la mayor crudeza, la descomposición institucional y social imperante en algunas regiones del país. Muestra del déficit endémico del Estado de derecho, en regiones donde las estructuras de gobierno están penetradas o capturadas por la delincuencia, así como de la magnitud de las consecuencias que pueden derivarse de todo esto.

Además de la exigencia de encontrar a los normalistas, esperando que se encuentren con vida, existe un clamor de justicia: que no haya impunidad, como ocurre con gran parte de los delitos que se cometen en nuestro país.

Más allá de estas demandas básicas, el caso de los estudiantes de Ayotzinapa se está convirtiendo en un revulsivo, que debe hacernos reaccionar, como nación, contra las causas que subyacen a este tipo de tragedias.

El relevo en la gubernatura de Guerrero puede ayudar a avanzar en el expediente, pero la problemática de fondo en ese estado y en otras regiones de la República persiste.

Los mexicanos no podemos ser indiferentes a la situación que se vive en estas zonas, algo que no es reciente ni eventual, sino que se ha extendido por muchos años, y que tiene el elemento común de la impunidad.

Ante este punto crítico en el problema de violencia e inseguridad, se demanda una respuesta contundente y comprometida del Estado mexicano, en su conjunto, y de toda la sociedad. El progreso del país necesita una reforma integral de las instituciones en favor del Estado de derecho, tanto como de la modernización económica que está en marcha.

Aprendamos de la historia. En México, no cuidar suficientemente la variable social, la legalidad y el desarrollo democrático, ha sido un factor que ha frenado o acotado otros procesos importantes de reformas económicas de gran calado.

Como prioridad impostergable de seguridad nacional, tenemos que trabajar a fondo para asegurar la gobernabilidad democrática y el imperio de la ley en todos los rincones del país.

Por eso reiteramos el exhorto a que se convoque a un compromiso por el fortalecimiento institucional del Estado mexicano, con el consenso de los tres niveles y los tres poderes de gobierno, los partidos, la sociedad civil y la iniciativa privada. Este es el Pacto por México que hace falta en este momento, contra la Corrupción y la Impunidad. No lo pospongamos más.

Urge iniciar un proceso de renovación de la vida pública en México; para limpiar y reformar las instituciones. A favor de esto, existen principios compartidos, avances y la disposición para llevarlos a cabo por muchos actores políticos, sociales y del gobierno.

Nosotros vemos cinco ejes que no pueden faltar.

Primero, el caso Iguala, en específico, tiene que ser esclarecido totalmente, y que se castigue a todos los culpables. Amerita la creación de una comisión ciudadana para que apoye el trabajo de los responsables de las investigaciones y el resultado de las mismas.

Asimismo, demandamos que se garantice el orden público en la región. La indignación social no justifica actos de vandalismo que están afectando a la población y a las empresas, que han sido víctimas de destrozos y robos. Se necesita que la autoridad actúe y que los afectados recuperen lo perdido.

Segundo, un sistema nacional contra la corrupción fuerte y efectivo: Que articule esfuerzos; con recursos y «dientes» para prevenir y detectar a tiempo actos de corrupción; que asegure el castigo, con mecanismos seguros de denuncia y protección a testigos, y la recuperación de lo defraudado a la nación o a los particulares.

El esfuerzo debe ser integral, con una reingeniería de la arquitectura institucional, que debe incluir una estructura eficiente de transparencia, rendición de cuentas y controles internos y externos efectivos. Asimismo, la promoción de un cambio en la cultura y la ética pública. Hay que contemplar a los tres órdenes de gobierno y a todos los factores que inciden en la corrupción, incluyendo los que existan en el sector empresarial y en la sociedad en general.

El sistema nacional contra la corrupción es un blindaje indispensable para que las reformas económicas tengan éxito. Tiene que estar listo este año. No podemos seguir con indefinición institucional en este aspecto.

En tercer lugar, hay que hacer un gran esfuerzo en materia de gobernabilidad democrática. Hay que actuar, junto con la sociedad civil de cada una de las zonas que más requieren apoyo, a través de esfuerzos de precisión.

En paralelo, se necesita una estrategia para blindar las elecciones del 2015 de la infiltración de delincuentes y personajes corruptos. Qué bueno que ya se está trabajando en un consenso en el que están los partidos, el INE y los gobiernos Federal y estatales, con participación de los ciudadanos. Los empresarios estamos listos para apoyar, aportando conocimiento de la realidad en cada región de nuestro país.

Como cuarta prioridad, emprendamos una revisión objetiva de los avances y rezagos, los aciertos y fallos de la estrategia y el sistema de seguridad pública vigentes. Esto, con objeto de enriquecer y reforzar lo que sea necesario. Sobre todo, es preciso renovar compromisos de todos los responsables y fortalecer la coordinación interinstitucional.

Urge tomar decisiones en temas como las policías municipales.

Un quinto compromiso sería generar una agenda de fortalecimiento institucional para consolidar el Estado de derecho, que necesariamente debe incluir la reforma, en las leyes y sobre todo en las prácticas, del sistema de procuración e impartición de justicia.

Son cinco ejes propuestos para que México se renueve de verdad. El exhorto, nuevamente, es a que lo ocurrido en Iguala no quede sólo como otra experiencia dolorosa, otro episodio de impunidad, resultado del deterioro institucional y del tejido comunitario que se vive en muchos municipios del país.

México se mueve en el sentido correcto, con reformas históricas que abren la senda del desarrollo económico sostenido e incluyente. Tenemos que ir por el cambio profundo, la modernización del Estado mexicano completa, que exige el compromiso nacional de dejar atrás el lastre de la corrupción y la impunidad. Esta es una lucha de todos los mexicanos, no sólo de un gobierno.

En esta tarea, México cuenta con sus empresarios.

 

 

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