Balance Presupuestal 2016

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Finalmente, concluyeron los trabajos del Paquete Económico de la Federación para el ejercicio 2016. El presupuesto de Egresos aprobado asciende a casi 4 billones 764 mil millones de pesos, cerca de 17 mil millones por encima del propuesto, presentado, por el Ejecutivo.

Entre los rubros con mayor apoyo, en relación con el proyecto original, destacan los relacionados con gasto social, lo cual es acertado, a condición siempre que los recursos se ejerzan con eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, que implica revisar resultados.

Desafortunadamente, ante las dificultades en el escenario, en específico la contracción de ingresos petroleros, el renglón más castigado, donde se concentró el mayor esfuerzo de ajuste al gasto programable, fue el de la inversión pública.

Como complemento y catalizador de la privada, la inversión pública es un motor de crecimiento fundamental, y por tanto, resulta vital incrementarla, y no bajarla, como está ocurriendo. Contrariamente al gasto no programable, que sube, conforme al aumento del costo financiero, ante la expectativa de tasas de interés más altas, tipo de cambio menos favorable y compromisos como los que se tienen con las entidades federativas.

Es claro que esta situación tiene que corregirse, y hay que hacer lo necesario para que en los años subsecuentes se recupere el gasto de capital gubernamental. Uno de los objetivos fundamentales de la Agenda por México, que signamos el Ejecutivo Federal y el sector privado desde 2012, fue incrementar la inversión total hasta el 25% del PIB, con una participación del gobierno al menos del 6 por ciento. Este es un reto que sigue pendiente.

En general, queda un largo trecho por recorrer en el esfuerzo que hay que hacer en materia de presupuesto y ejercicio del gasto público. El llamado a consolidar una reingeniería a fondo en esta materia sigue vigente, aún prueba por superar.

La intención del Gobierno Federal de implementar el modelo de Presupuesto base Cero, que como su nombre lo implica se trata de reformar a fondo, superando inercias, es un inicio loable, aunque es claro que no pudo llegar más lejos.

Son muchos los compromisos y obligaciones de gasto cuya modificación o ajuste no depende ni de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni de los procesos y las facultades enmarcados en la elaboración, análisis y aprobación del Paquete Económico.

Muchas partidas del gasto público, las más cuantiosas, están vinculadas a obligaciones laborales o financieras, contratos o leyes. Así se evidenció en el escaso margen de maniobra para el ajuste. Se logró una reasignación presupuestaria importante, pero moderada en relación con las dimensiones del total del presupuesto.

Por ello, reafirmamos el exhorto a que este esfuerzo de Presupuesto base Cero se tome como lo que debe ser: inicio de un largo proceso de una verdadera reestructuración del gasto. Pasa no sólo por una reforma hacendaria de fondo, que incluya factores como un nuevo acuerdo de coordinación fiscal, sino también cambios estructurales en una amplia

gama de sectores del gobierno.

La reingeniería del gasto público debe ser una prioridad de Estado, porque de no realizarla, éste será insostenible en el largo plazo, de cara a los compromisos ineludibles en ascenso: pensiones, deuda (dos puntos del PIB anuales para el pago de intereses) y gasto federalizado, representan casi 18% del PIB y más de tres quintas partes del Presupuesto.

Hay que emprender una revisión a fondo de los sistemas de pensiones gubernamentales, como ya se está haciendo en entidades como Petróleos Mexicanos, así como replicar logros como la reestructuración financiera que se ha logrado en el IMSS.

Aún hay muchos organismos públicos, en los tres órdenes de gobierno, que son «barriles sin fondo», donde existen indicios de opacidad y poca evaluación objetiva de sus resultados.

Todo esto representa una importante presión al gasto, que limita la posibilidad de un cambio mayor, más aún del verdadero ajuste estructural que se requiere, cada año con mayor urgencia.

De igual manera, es tiempo de empezar a distinguir con mayor precisión el gasto público versus el que se canaliza a la clase política. Hay un clamor para acabar con el dispendio, los excesos y el uso discrecional del dinero de todos los mexicanos para fines partidistas o individuales.

La exigencia de una mayor eficiencia y transparencia en el gasto público no es nueva. En el sector empresarial la hemos promovido durante décadas. Existen avances importantes, pero insuficientes, y muchas veces, las reestructuras se han limitado a cambios de nombre de programas u organismos.

La evidencia en los últimos 20 años es que, en conjunto, el gasto público no ha cumplido como debería con los principios básicos como el de impulsar el crecimiento y una mayor equidad y desarrollo social. Así lo demuestran las comparaciones entre el índice de Gini antes y después de impuestos y transferencias gubernamentales, que en México no varía en gran medida.

Incluso en la formulación del presupuesto aún hay espacio para la discrecionalidad, que ha dado pie a fenómenos como «los moches», a los que ahora, y de manera correcta, se busca poner coto con nuevos candados. Habrá que estar atentos a que realmente funcionen, pero una nota alentadora es que cada vez existe una participación mayor de la sociedad civil en todos estos procesos, en labores de seguimiento, propuesta y exigencia de rendición de cuentas.

El sector empresarial ha sido actor en este desarrollo, a través de canales de interlocución como la Mesa de Mejora al Gasto Público que tenemos con las autoridades hacendarias y los diversos esfuerzos que sostenemos con organizaciones de la sociedad civil y profesionales.

Nuestra voluntad es ir a fondo, en los próximos años, en el camino de la reingeniería del gasto público, que también implica reformas tan importantes como consolidar un Sistema Nacional Anticorrupción efectivo.

Ahora que concluyen los trabajos del Paquete Económico, la asignatura pendiente más urgente en el Poder legislativo son las leyes secundarias de esta reforma constitucional tan trascendente, necesaria para enfrentar en serio la corrupción endémica que tanto limita el desarrollo nacional.

Hay poco tiempo, porque nuevamente la atención en la agenda nacional irá desviándose a los temas electorales del 2016 y el 2018. Debemos poner manos a la obra, los legisladores y la sociedad civil, para asegurarnos de que las leyes reglamentarias cumplan con el principio y mandato de la reforma constitucional y las metas buscadas.

En esta tarea, México cuenta con sus empresarios.

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