Balance Legislativo

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A pesar de la deplorable calidad de las campañas electorales vigentes, los mexicanos tenemos que tomar decisiones de manera informada y responsable. El abstencionismo y el voto nulo no son solución; al contrario, pueden perpetuar las deficiencias de nuestra democracia. No dejemos que otros decidan por cada uno de nosotros.

En ese sentido, el caso de las elecciones para renovar la Cámara de Diputados es emblemático, porque nos compete a todos los mexicanos, y por los desafíos que presenta la agenda legislativa nacional.

Los diputados que entrarán en funciones en septiembre próximo, enfrentarán una enorme responsabilidad, para dar continuidad y complementar el ciclo reformador que ha seguido México.

Se equivocan quienes piensan que la agenda legislativa prioritaria para México ya ha sido desahogada por completo. Aún hay asignaturas fundamentales que serán responsabilidad de los diputados que serán electos el próximo 7 de junio.

Su desempeño se medirá a partir de un parámetro muy alto, porque la 62 Legislatura ha sido una de las más productivas de la historia del Congreso de la Unión. Su legado es trascendental, no sólo en términos cuantitativos, sino por la profundidad de las reformas aprobadas.

Las comparaciones serán inevitables, pero lo más importante para la 63 Legislatura será de consolidación; de apuntalar el proceso de renovación con las leyes secundarias pendientes y las importantes reformas de fondo que aún no han sido abordadas.

Es justo reconocer las aportaciones a México de la Legislatura que concluye. Trazan una ruta clara de desarrollo para el país, al abrir oportunidades de enorme potencial para todos, así como vías para superar rezagos, obstáculos y problemas que hemos arrastrado por décadas. México se ha convertido en el país de vanguardia, a nivel internacional, en materia de reformas legales.

Entre las reformas constitucionales logradas, queremos destacar 10 que son fundamentales para el país y para la economía, coincidentes con la visión y la agenda del sector empresarial.

En 2012, educativa. En 2013: Energética, Transparencia, Competitividad, Amparo, Telecomunicaciones y Competencia Económica, Homologación de catastros, y Política/electoral, que se complementó en el 2014. Ese año, se dedicó sobre todo a desahogar la legislación secundaria derivada de esas reformas, fase clave por su importancia y complejidad.

Ya en 2015 se lograron nuevas enmiendas constitucionales de gran calado: responsabilidades financieras de estados y municipios, y sobre todo, la que da pie a la creación del sistema nacional anticorrupción.

En cuanto a leyes ordinarias, en el 2012 se aprobó una reforma laboral de gran calado, una necesaria actualización en un campo donde no se habían hecho cambios significativos desde hacía cuatro décadas.

El primer año de la 62 Legislatura también se aprobó una importante reforma en materia de lavado de dinero. En 2013, el paquete de leyes reglamentarias de la reforma educativa, la Nueva Ley de Amparo, la compleja reforma Financiera y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

En 2014, se procesaron 13 reformas secundarias de la reforma energética, que abarcaron más de 20 leyes. Asimismo, legislación sobre competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, competitividad y político/electoral. Este año, acaba de aprobarse la Ley General de Transparencia, que precisa y amplía derechos, consolidando un marco institucional que está a la vanguardia en el mundo.

Muchas de estas reformas ya están dando frutos. Es el caso de la laboral, la energética, la de telecomunicaciones, la de competencia o la educativa, aunque todas ellas enfrentan retos formidables.

Las reformas han renovado el horizonte y han ampliado las áreas de oportunidad de México, si bien los beneficios tangibles llegarán en la medida del compromiso y la eficacia de su aplicación, que a su vez depende del compromiso con el Estado de derecho, elemental para que los cambios y el país funcionen.

Los grandes pasos que México ha dado a través de las reformas estructurales no son logro de algún partido en específico: Incorporan conceptos y prioridades de todos los institutos políticos representados en esta Legislatura. Su consecución sólo fue posible con un cambio evidente en la actitud que había prevalecido en el Congreso, ahora privilegiando el acuerdo y los consensos.

Hubo una participación social importante, con consultas y foros, intenso debate en la arena pública, así como involucramiento de todos los sectores.

Desde la iniciativa privada, y del CCE en particular, estuvimos presentes a lo largo de todo el proceso reformador, con el ánimo de propiciar equilibrios y acuerdos; para defender los legítimos intereses de las empresas y sus trabajadores, abogar por la certidumbre jurídica e impulsar el progreso general de la nación.

Agradecemos la apertura que hemos encontrado para presentar nuestras inquietudes y propuestas. Esperamos la misma disposición en la nueva Legislatura, que también tendrá ante sí una agenda trascendente y compleja, la cual requiere de consulta y participación de especialistas, de todos los sectores y de la sociedad en general.

Basta enunciar algunos de los asuntos esenciales que deben priorizarse: Paquete Económico 2016, donde enfrentamos una coyuntura difícil y la complejidad del presupuesto base cero que se ha comprometido. Junto con ello, necesariamente habrá que avanzar en la reforma hacendaria de fondo que sigue siendo uno de los mayores retos pendientes por afrontar en México.

Destacan, también, el cuerpo de leyes que hay que fortalecer en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.

Seguramente habrá que hacer una nueva ronda de ajustes en materia político-electoral, incluyendo los aprendizajes que saldrán de estas elecciones intermedias. Y como prioridad para nuestro sector, hay reformas en proceso como las relativas a Sociedades Mercantiles, Agua y Obras Públicas. Un tema fundamental, sin duda, será el de seguridad social, cuya revisión a fondo no debe seguir postergándose.

La Legislatura que está de salida, dejará 14 reformas inconclusas, seis de ellas constitucionales. En menoscabo de los méritos que ya señalamos, hay omisiones e incumplimiento de plazos, que tendrán que remediar los nuevos legisladores.

El sector empresarial seguirá participando activamente en la política nacional, y en concreto en los procesos democráticos y legislativos del país, como debemos hacerlo todos los mexicanos.

Los procesos electorales, y las decisiones que hay que tomar el 7 de junio y en la Legislatura que correrá hasta el 2018, demandan ciudadanos responsables. La respuesta a la mala calidad de las campañas no puede ser el alejamiento de la política, sino más participación y compromiso ciudadano. Seamos actores del desarrollo de democracia, y no espectadores pasivos de su estancamiento o manipulación por parte de partidos o candidatos.

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