Arrancan campañas electorales

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El viernes pasado arrancaron las campañas electorales rumbo a los comicios del 7 de junio, con su inicio en cuatro estados: Guerrero, Nuevo León, Sonora y San Luis Potosí. Antes de que concluya el presente mes, tendrán que registrarse todas las candidaturas para diputados federales, de mayoría relativa y plurinominales.

Nos esperan tres meses de alta intensidad política, ante la competencia por más de 2 mil cargos públicos: a nivel federal, por las 500 curules de la Cámara de Diputados, y local, con nueve gubernaturas en disputa, así como la renovación de 17 legislaturas estatales, casi un millar de ayuntamientos en 16 estados, más las delegaciones del Distrito Federal.

Para esta carrera, se transmitirán más de 15 millones de spots políticos en radio y televisión. Este año se gastarán más de 18 mil 500 millones de pesos en materia electoral, provenientes del dinero de los mexicanos, con un presupuesto para elecciones intermedias que ha crecido casi 270% en menos de 20 años.

Los consejeros del INE han calificado a este proceso electoral como el más complejo, en términos técnicos, en tiempos recientes. En buena medida, estarán a prueba la viabilidad y éxito de los cambios producto de la última reforma político-electoral.

Asimismo, las campañas se dan en medio de un clima político y social de gran conflictividad en algunas zonas del país, y en un contexto de desconfianza institucional a nivel nacional, como lo ha reconocido el propio Presidente de la República.

Las confrontaciones partidistas, al igual que las tácticas y descalificaciones que se presentan reiteradamente ponen en cuestionamiento la autonomía o la imparcialidad de las instituciones y también contribuyen a enrarecer el ambiente político y abonar al descrédito de los políticos y los partidos.

Además, las listas de precandidatos que se han dado a conocer a la opinión pública en algunos casos, generan rechazo y malestar, al incluir muchas postulaciones que parecen más producto de un enfoque patrimonialista de la democracia y de reparto entre grupos, y no de una selección de los candidatos más idóneos, en términos de calidad, capacidad y representación.

México necesita modernizar y adecuar sus instituciones, y así lo estamos impulsando vía reformas como la que creará un sistema nacional anticorrupción, pero también hay que renovar las prácticas y formas de hacer política, con políticos comprometidos con este gran reto.

Todo esto acentúa la preocupación por la insatisfacción con la democracia, que ha venido creciendo en nuestro país, como lo han revelado encuestas que perfilan que sólo el 40% de los mexicanos la consideran preferible a cualquier otra forma de gobierno.

Ante estos retos, lo peor que podemos hacer los ciudadanos es retraernos de los procesos electorales. Al contrario, se requiere de más participación ciudadana. El alejamiento de la política y el abstencionismo, lejos de ayudar, dejan más margen de maniobra para que se reproduzcan las prácticas que debilitan la democracia y la formación de buenos gobiernos.

Es por ello que el sector privado se ha dispuesto a impulsar diversos programas y esfuerzos para promover la participación y el voto libre e informado, así como de observación ciudadana. En esta tarea participarán miles de empresarios y de ciudadanos comprometidos con la democracia, con el apoyo de los organismos y centros empresariales y delegaciones que hay en todos los estados.

Millones de empresarios han demostrado su compromiso con el la construcción de la democracia en México, y hoy ratificamos este propósito sectorial de cara al reto contingente de las elecciones intermedias y el futuro.

El Convenio General de Apoyo y Colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y el CCE va en ese sentido. Confirma, formaliza y da un carácter más sistémico a esta relación, que para nosotros es prioritaria.

Marca la pauta para la coordinación de diversas actividades de impulso a la participación ciudadana, de promoción del voto, organización de cursos, seminarios y debates. Da pie para un intercambio más profesional y ágil de información, así como a sumar fuerzas en tareas de difusión.

Reiteramos al INE y a su Consejo, nuestra disposición para prestar todo el apoyo que requieran, para la organización de los comicios.

Queremos contribuir a abatir la apatía y el alejamiento de la política, lo mismo que el temor que puedan generar amenazas como las que se han lanzado en Guerrero, para boicotear las elecciones. No debe permitirse que se coarten los derechos políticos fundamentales de los ciudadanos, y las autoridades federales y estatales deben comprometerse a garantizarlos, con seguridad, orden y cumplimiento de la ley.

De la misma forma, es necesario hacer un mayor esfuerzo para combatir la infiltración de recursos y posibles candidatos de la delincuencia organizada en las campañas. Los partidos políticos, al igual que la autoridad electoral, han estado tomando medidas en este sentido, pero consideramos que hay mucho más por hacer, y la participación de la ciudadanía será clave en este reto.

Para abonar a fortalecer la confianza, es importante seguir promoviendo que los candidatos presenten sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales, como ya lo han hecho algunos. Vale la pena acordar un formato homologado, que no dé espacio a simulaciones. Igualmente, que se renuncie públicamente a fueros, en caso de acusaciones fundadas de corrupción o delincuencia en el ejercicio de gobierno, previo a la reforma que está pendiente en esta materia.

Es preciso que la sociedad asuma un rol activo, vigilante y de exigencia. La participación ciudadana no debe limitarse al acto de votar; tiene que hacerse sentir en los tres meses que nos separan de los comicios; y más allá, para una rendición de cuentas efectiva cuando los candidatos ganadores ocupen sus puestos.

La ciudadanía debe ser la pieza central de la democracia: el actor que juzga y decide, no un espectador pasivo.

Hoy, más que nunca, debemos exigir posturas claras. Más que promesas, se requiere de planes de trabajo concretos, compromisos y garantías de cumplimiento, de cada candidato a gobernador, diputado o alcalde.

En particular, quienes aspiran a ser gobernadores deben presentar una visión integral y con proyección de largo plazo para sus estados, junto con un plan de acción preciso y con objetivos que respondan a las necesidades prioritarias de cada entidad.

La fuerza de la democracia y de México, depende de la solidez y la calidad de nuestras instituciones, tanto como de sus ciudadanos y de los representantes políticos que elijamos. El reto es de todos y para todos. Los procesos electorales siempre son oportunidad para cambiar y mejorar; asegurémonos de que lo sean en esta ocasión.

 

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