Urgente afrontar lucha contra la corrupción


  

Lunes, 13 de marzo de 2017

La corrupción es el mayor obstáculo para los negocios en el país, así como también es el segundo problema que los ciudadanos identifican como más importante, sólo detrás de la inseguridad. No es una casualidad: en nuestro país la corrupción tiene presencia en prácticamente todo tipo de transacciones, desde el pago para acceder a servicios supuestamente gratuitos –como la recolección de basura–, hasta el desvío de recursos públicos.

Las consecuencias de la corrupción son graves en términos económicos y sociales: de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional, en países con altos niveles de corrupción, la inversión es hasta 5% menor, y de acuerdo con diversas organizaciones como el Foro Económico Mundial, el Banco de México, el Banco Mundial y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la corrupción oscila  entre 2% y 10% del PIB, ese es nuestro costo. A nivel individual, Transparencia Mexicana estima que se dedica 14% del ingreso promedio anual a pagos extraoficiales.

Socialmente, la corrupción y debilidad de las instituciones se ha traducido en una caída de la confianza en la interacción entre sectores público y privado. En términos políticos, el fenómeno afecta al Estado de derecho y la gobernabilidad. Actualmente, México vive una crisis de representación donde 91% de los ciudadanos no confía en los partidos políticos, 83% en los legisladores y 80% no cree en el sistema judicial,  esto es una crisis de instituciones.

Por si fuera poco, el problema no se reduce al sector público. Las empresas, los ciudadanos, las organizaciones civiles también forman parte de este problema. Ahora, tenemos también que ser parte de la solución. Por eso, como parte de la agenda Visión México, el sector privado está trabajando junto a la Secretaría de la Función Pública, para identificar cuáles son los trámites y servicios más vulnerables a la corrupción. El objetivo es simplificarlos y digitalizarlos, cuando sea posible, para reducir espacios de discrecionalidad en los mismos.

Adicionalmente, estamos trabajando un protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, licencias, permisos y concesiones; así como una guía de integridad para empresarios y servidores públicos, junto a un mapa de riesgos y áreas vulnerables a la corrupción en el gobierno. Queremos fortalecer la transparencia y la eficacia en el uso de los recursos públicos.

Además de este trabajo que estamos haciendo con la Secretaría de la Función Pública, es imprescindible que los estados y municipios repliquen el acuerdo y decreto presidencial de la ley 2 por 1, es decir, que por cada nueva regulación se tengan que eliminar 2 regulaciones, y sustancialmente que en este periodo de sesiones, tengamos ya la Ley General de mejora Regulatoria, para que pueda aplicarse en todo el país, donde se incluya y se reconozca un observatorio ciudadano de mejora regulatoria, identificando cuales son los municipios y los  estados que van mejor en este sentido como un código general de todos los inspectores que tienen la posibilidad de llegar a una empresa para pedirles alguna regulación, y así mismo un padrón general de regulaciones para ir homologando todas las regulaciones desde los municipios, los estados y la federación. Las regulaciones, trámites, inspectores son también ocasión de la corrupción, por eso es muy importante que trabajemos en ambos sentidos.

México tiene que avanzar en la instauración de una cultura de la legalidad y la honestidad. Por eso, celebramos la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, pero tenemos claro que ahora el reto es avanzar en su plena implementación: armonizando la legislación local y federal en todas las entidades federativas, designando a los miembros clave del sistema, como el fiscal anticorrupción — que se está demorando –, así como garantizar que el sistema opere con independencia y honestidad.

Desde el sector privado, queremos exhortar a los poderes ejecutivo y legislativo a nombrar —con transparencia e imparcialidad pero también con sentido de urgencia y sin más demoras— a un fiscal autónomo e independiente; así como también urgimos a los congresos de los estados a aprobar las reformas necesarias para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en los estados y municipios. Es una exigencia de la ciudadanía y una necesidad para el desarrollo de la sociedad y de nuestro país.

Hoy, depende de nosotros hacer frente a este problema que es un lastre para el desarrollo; reduce nuestra capacidad para hacer negocios, para desarrollar las empresas, inhibe la inversión extranjera directa, incluso la inversión nacional también, limita el acceso a la seguridad y la justicia, y amenaza la representatividad de nuestra democracia.

El combate a la corrupción es impostergable. Tenemos que asumir la responsabilidad con el futuro de nuestro país. Las acciones que tomemos hoy para cerrar los espacios a la corrupción, serán la base de una sociedad más justa, próspera y equitativa para todos.