Ajustes mayores

Lunes, 07 de octubre de 2013

Estamos a menos de dos semanas del plazo legal para que los diputados aprueben, como Cámara de origen, el proyecto de Ley de Ingresos para el 2013. El tiempo apremia, porque es mucho lo que hay que cambiar en la propuesta del Gobierno Federal.

No se trata de resolver algunos puntos dispersos, con enmiendas o adiciones. Se requiere de una reorientación mayúscula, con cambios de sustancia, para asegurar un esquema fiscal y macroeconómico más competitivo para el 2014; que además, contribuya a ir resolviendo los problemas estructurales del sistema hacendario mexicano.

En los últimos días, el CCE y el sector empresarial hemos tenido la oportunidad de plantear nuestras preocupaciones y propuestas tanto a los legisladores como a las autoridades hacendarias, en el marco de un diálogo fluido y abierto, en el que hemos encontrado receptividad. Vemos disposición para atender las inquietudes que surgen de la sociedad y en específico de las empresas, aunque todavía hay mucho por acordar.

Tras el desarrollo de los trabajos de 15 mesas técnicas que reunieron a representantes de nuestro sector y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se han perfilado avances, acuerdos y coincidencias. Estimamos que varias solicitudes tienen amplias posibilidades de prosperar. Sin embargo, los temas pendientes son de gran calado, todavía sin avances definitivos de solución.

No basta con resolver detalles en la parte técnica, indispensable pero no suficiente. Se necesita mucha sensibilidad para reencauzar la reforma, de tal forma que sea coherente con la necesidad de impulsar la inversión, el crecimiento y el empleo, en lugar de ser un factor recesivo, que nos restaría fuerza, como país, en términos de productividad y competitividad.

Máxime ante una coyuntura económica que se complica, ahora que regresamos a escenarios de volatilidad, con el problema presupuestal en Estados Unidos y los daños provocados por las lluvias de septiembre.

Otras reformas estructurales en la agenda pueden ser poderosos motores de expansión, como la de telecomunicaciones o una eventual reforma energética de fondo. No obstante, en el corto y mediano plazo, ese potencial se vería contrarrestado de manera significativa por una reforma como la propuesta.

El llamado que hacemos a los legisladores y a las autoridades hacendarias es a la sensibilidad con los retos económicos del país, que no se limitan a necesidad de aumentar la recaudación. Hay varios temas que hemos identificado como de alto impacto.

En el frente de competitividad, inversión y empleo, para no afectar gravemente al mercado interno, es preciso eliminar la proposición de golpes al poder adquisitivo, como IVA en colegiaturas. Es factible actualizar la tarifa de ISR para personas físicas y aplicar la nueva tasa a salarios considerablemente altos, para realmente cumplir con el objetivo de progresividad.

Si no hay cambios, la afectación global a la percepción neta de un padre de familia con ingresos de entre 20 mil y 50 mil pesos al mes podría ser de entre 6 y un 10 por ciento.

En ISR, proponemos bajar la tasa corporativa y la de dividendos propuesta, porque en el esquema, quedamos en gran desventaja ante una tendencia mundial de disminución impositiva: 47% frente a otros países como Estados Unidos, donde la carga es de 35 por ciento, al igual que en la OCDE, que es del 28%.

En cuanto a la consolidación fiscal, pedimos afinar el mecanismo alternativo. Igualmente, corregir el régimen de incorporación y mantener la deducción inmediata en inversiones, esto es fundamental, porque quitarla va en sentido contrario de la imperiosa necesidad de generar crecimiento y empleos.

La no deducibilidad parcial de prestaciones sociales y laborales, de pasar como está, tendrá repercusiones que pueden llegar al 8% en la tasa efectiva global para creación de empleos formal es, además de limitar las estrategias concertadas entre trabajadores y empresas para elevar la productividad. Para profesionistas, clase media y empresarios Pyme, la limitación para deducir gastos anuales hasta 47 mil pesos o 10%, sería un durísimo golpe.

En vivienda, un sector que de por sí presenta un escenario muy complicado, es fundamental mantener tasa cero de IVA en compra, venta y renta, así como sobre intereses hipotecarios. Es necesario, asimismo, corregir aspectos de deducibilidad y acreditación de gastos. La iniciativa no afecta a la modalidad de interés social, pero sí de manera importante a la clase media.

Con el impuesto al carbono, la reforma implicaría un incremento en las tarifas eléctricas de por menos 4% por ciento para la planta productiva. Como contrapropuesta, hay opciones como acelerar el desliz del precio de las gasolinas. En este sentido se encarecen costos y, por otro lado, se inhibe la inversión requerida para la transición energética, con fuentes renovables.

Nos preocupa mucho la seguridad jurídica para los contribuyentes, porque encontramos omisiones, excesos y una notable falta de mecanismos de transición. Igualmente, falta resolver puntualmente los riesgos para múltiples sectores, como el asegurador, financiero, construcción, vivienda, automotriz, minero, bebidas, agropecuario, fronterizo y maquiladoras, entre otros, en muchos de estos casos, hay avances sustanciales con la autoridad.

Estamos de acuerdo en la orientación social de la reforma, pero hay que asegurarse de que funcione y sea viable. Que esquemas como la pensión universal puedan financiarse a través del tiempo y no vulneren las finanzas públicas. En este aspecto, un componente esencial es avanzar en una verdadera reingeniería en el gasto público: eficiencia, transparencia, y rendición de cuentas.

Se pide al Gobierno Federal y a los gobiernos locales establecer compromisos de reciprocidad en favor de la sociedad, a la que se aumentarán los impuestos, además del crecimiento del endeudamiento público. Un gran esfuerzo en eficiencia recaudatoria, para reducir gradualmente los porcentajes de evasión: con un 10% más, se podrían obtener más de 45 mil millones de pesos.

Es factible impulsar un programa de austeridad y racionalización del gasto, para ahorrar entre 30 y 50 mil millones, y en programas regresivos, con una décima parte, arriba de 115 mil millones.

Hay que combatir la informalidad con eficacia a través de incentivos fiscales, crediticios, de salud, capacitación. Asimismo, reestructurar entidades públicas con problemas financieros, como el propio IMSS e institutos electorales.

Una buena noticia que, como resultado del diálogo que hemos tenido con la Secretaría de Hacienda, es que acordamos generar una mesa permanente para revisar la eficiencia y el uso del gasto público y generar ahorros sustanciales, que se traduzcan en finanzas públicas más equilibradas, en apoyo a la población más desprotegida y en favor de la inversión.

El sector empresarial está comprometido en ser un actor responsable con el país, para fortalecer al Estado Mexicano, a la par que a la sociedad y la economía nacional. Nuestro llamado es a generar equilibrios y lograr acuerdos que produzcan alternativas viables que redunden en mayor crecimiento, finanzas públicas sólidas y bien estar para todos los mexicanos. Confiamos en la legislatura, y en los señores Senadores y Diputados.

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