MERCADO ABIERTO (quincenal) Análisis y opinión de temas económicos, de política y gobierno en los ámbitos nacional e internacional.
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12 de junio de 2007
Editorial
La intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al revisar la nueva Ley de Radio y Televisión permitió enmendar algunos aspectos. Así nuestra democracia recurre a los pesos y contrapesos previstos desde hace años en nuestro sistema político, aunque ciertamente no habían ejercido su autonomía a plenitud. Esperamos que no se haga costumbre que la SCJN tenga que corregir el trabajo de los legisladores, pero sí que se vuelva una práctica común del Poder Judicial de la Federación tomar parte en la validación de decisiones públicas. La actuación de la SCJN en esta nueva etapa permitirá romper los candados del inmovilismo y el entreguismo legislativo, enmendando arreglos partidistas que pueden poner en peligro la constitucionalidad y las condiciones de competencia en nuestro país. Si bien la Corte justificó su decisión en términos de salvaguardar el principio de la rectoría económica del Estado, puesto que así está expresado en la Carta Magna, en realidad termina siendo lo mismo que admitir que el Estado en todo caso hace su trabajo: regula, evita prácticas monopólicas, transparenta decisiones, reduce reduce su propia discrecionalidad, y se encarga de prevenir y corregir fallas del mercado. La regulación entonces tiene que ir dirigida a incentivar la participación de nuevos postores y vigilar que eso se traduzca en beneficios para la sociedad en su conjunto, que finalmente derivan en precios más bajos para los consumidores.
Ahora que se hacen preparativos para la discusión de la reforma fiscal, alguien debería señalar la controversia que existe entre el ordenamiento contenido en la Constitución acerca de la obligatoriedad de los impuestos, en la medida de la capacidad de pago de cada quien y las múltiples excepciones y tratamientos diferenciados que contiene la legislación actual, incluyendo a sindicatos y partidos, a ver si una vez señalados por la corte como inconstitucionales se deciden quienes no quieren pagar costos políticos a actuar responsablemente. Otra de estas excepciones está en la obligación de entidades y municipios de rendir cuentas de los recursos federales que reciben de la federación, obligación que hasta ahora queda a discreción de cada entidad.
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