Nos encontramos a la mitad del que podría ser el mejor año de desempeño económico de esta administración. Los indicadores continúan demostrando la fortaleza económica en varios sectores del país. El indicador global de la actividad económica refrenda la tendencia positiva de la economía en el corto plazo, que permite acumular un crecimiento económico de 5.1% en el primer semestre del año. El panorama es igualmente favorable en el sector externo: la balanza de pagos muestra un superávit en la primera mitad del año, por el desempeño dinámico en el sector manufacturero y las ventas externas de bienes petroleros, la inversión extranjera y el flujo de remesas internacionales, las cuales avistan aumentos sostenidos que podrían superar los records conquistados en 2005. A pesar del mayor incremento de la inflación quincenal, prevalecen las expectativas de que el nivel de precios se mantenga en el rango de 3% establecido por el Banco de México. Ante este positivo ambiente económico, el país debería estar concentrado en aprovechar sus capacidades productivas al máximo. No obstante, el buen desempeño de la actividad económica, no es suficiente para dar al país un impulso sostenible, en tanto la debilidad institucional y la radicalización política continúen amedrentando el cumplimiento a cabalidad de la ley.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está pronto a dar una resolución respecto a la calificación de la elección, en un ambiente enmarcado por la rendición del Sexto Informe de Gobierno, las festividades patrias y la designación del próximo presidente electo del país. De continuar el ambiente de crispación, no solo los ciudadanos, sino los onsumidores, los empleados, los comerciantes, los turistas y los empresarios pagaran los costos de la inestabilidad y la incertidumbre generada por la confrontación envalentonada de un grupo que pretende colocarse por encima de las instituciones y adjudicarse esa misión a nombre de todos los mexicanos. Las consecuencias podrían trasladarse al desempeño de la economía en general y a rebasar el voto de confianza que aún se conserva en el país, el cual podría desplomarse en caso de que la legalidad y la institucionalidad sean trastocadas.