La información nacional e internacional es contundente respecto a la falta de aprovechamiento de las capacidades con las que cuenta México en materia de competitividad.
Evidentemente hemos avanzado, pero también es claro que nuestros principales competidores evolucionan más rápido y por consecuencia nos desplazan.
La competitividad y las variables que involucra este concepto –claramente ligado al fenómeno de la globalización– están ampliamente diagnosticadas en nuestro país. Los índices internacionales, con más o menos variables, con énfasis en uno u otro tema, llegan a la misma conclusión: perdemos competitividad año tras año.
Hemos analizado muchos estudios y trabajos que en materia de competitividad han desarrollado el Banco Mundial, la OCDE, el World Economic Forum y la CEPAL, en la órbita internacional, y el IMCO a nivel nacional, sólo por señalar algunos ejemplos. Esta agenda de competitividad aprovecha esos diagnósticos, esas experiencias y recomendaciones, para traducirlas en acciones concretas que fructifiquen en beneficios tangibles en favor de los mexicanos.
Cada una de las medidas que se proponen en esta agenda ha pasado por el riguroso escrutinio de un grupo de especialistas que han analizado pertinencia, impacto económico y factibilidad política. Ese grupo de especialistas del IMCO, del CEESP, del CESPEDES y de otras organizaciones, ha trabajado en conjunto con empresarios y expertos acreditados por los organismos empresariales que integran el Consejo Coordinador Empresarial, en los distintos campos temáticos y, en conjunto, han determinado los alcances y términos de cada una de las propuestas que aquí presentamos.
Uno de los criterios utilizados para incorporar iniciativas en esta agenda fue la necesidad de privilegiar el consenso entre los organismos representativos del sector productivo. Esto implicó muchas horas de arduo trabajo y de diálogo para conciliar intereses e ideas y para afinar textos.
En el camino se quedaron diversas ideas, que si bien son relevantes en algunos de los ámbitos de la competitividad, la realidad es que simplemente no lograron acceder al consenso de todos los organismos cúpula del sector empresarial.
El resultado está a la vista. Presentamos una agenda robusta de acciones para incrementar la competitividad, con el compromiso inherente de pugnar por su instrumentación en las distintas esferas del gobierno.
La puesta en práctica de esta agenda requerirá de un esfuerzo de promoción permanente, así como de un esquema de seguimiento puntual a cada una de las propuestas. Para ello, consideramos necesaria la participación activa de representantes al más alto nivel dentro de la estructura de la Presidencia de la República, de tal suerte que se abran los espacios y se estimulen las voluntades en las distintas dependencias públicas para negociar e impulsar estas medidas.
En el ámbito legislativo, trabajaremos con los Comités de Competitividad del Senado y de la Cámara de Diputados, cuyos coordinadores han reflejado seriedad y compromiso con el reto de sacar adelante la parte de la agenda que les corresponde.
También, habremos de trabajar a nivel de estados y municipios para homologar –a lo largo de nuestra geografía– el campo de operación de las empresas productivas. La competitividad debe ser la norma de acción empresarial y gubernamental en México, sin importar las distancias geográficas.
Finalmente, quiero aprovechar este espacio para agradecer profundamente a los organismos empresariales que integran el CCE, y a todos sus representantes, por el sentido de responsabilidad y colaboración que mostraron a lo largo de las interminables horas de trabajo que destinaron a este esfuerzo. Sin la contribución de este amplio grupo de especialistas no hubiera sido posible concretar la agenda que hoy ponemos a consideración de la sociedad mexicana.