5 Compromisos para los candidatos

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Avanzan las campañas electorales, cercana ya la recta final hacia las votaciones del 7 de junio. Sin embargo, seguimos sin ver, en general, la competencia democrática de altura y el diálogo con los ciudadanos que se requiere.

Así se ha constatado en los debates que se realizaron a fines de la semana pasada, en los que primaron las acusaciones, los denuestos y las promesas sin fundamentos. Sobre todo, esto es lo que ha faltado: compromisos, que den credibilidad a la retórica.

Todos hablan de honestidad sin tacha, de combatir a fondo la corrupción y la impunidad. Asimismo, de su convicción respecto a que la transparencia pública es esencial para un régimen democrático y para remediar la confianza quebrantada entre sociedad, clase política e instituciones de gobierno. No obstante, muy pocos se deciden a refrendar sus dichos con hechos.

Al corte, sólo 10 de 66 candidatos a gubernaturas han publicado sus declaraciones patrimoniales, de intereses y de impuestos. Algunos han presentado informes de bienes, pero sin datos oficiales, y otros han prometido hacerlo, pero sin precisar cuándo.

Los partidos políticos tampoco han hecho lo suficiente para refrendar con hechos lo que afirman en su propaganda: no presentan denuncias formales, con pruebas, de las acusaciones que hacen, ni instan o presionan a sus candidatos para que abonen a la construcción de confianza, mediante instrumentos tan sencillos, pero contundentes, como el programa de declaraciones públicas «tres de tres».

Es cierto que las declaraciones públicas son voluntarias, al no ser un requisito de ley. Sin embargo, como hemos insistido, en el formato se ha cuidado el incluir candados básicos de seguridad, y sobre todo, es un mínimo que puede hacer quien aspira a gobernar y tiene conciencia del complejo contexto político y social del país y a nivel local: Un entorno en el que, por ejemplo, se dan a conocer videos que muestran nexos y negociaciones de asuntos de gobierno con narcotraficantes.

De hecho, el problema de la corrupción, la opacidad y la impunidad en México es especialmente grave a nivel municipal y estatal, y muy poco se está haciendo para revertirlo a ese nivel, como se comienza a hacer a nivel nacional, con un enfoque sistémico, a través de la reforma anticorrupción recién aprobada en el Congreso de la Unión.

Mientras que a nivel Gobierno Federal desde hace casi tres décadas se ha dado un proceso de fortalecimiento de los esquemas de control y fiscalización externa, vía la Auditoría Superior de la Federación, a fin de prevenir y combatir la incidencia de faltas administrativas o delitos como peculado y malversación de fondos públicos, muy poco se ha hecho en los estados y municipios, donde mayoritariamente impera la opacidad.

A nivel local, los instrumentos de fiscalización son débiles, en un contexto de insuficientes contrapesos y desbalance en la división de poderes, ante un control político abrumador de gobernadores, presidentes municipales y grupos políticos. Un escenario donde se han presentado, por ejemplo, acusaciones de soborno a diputados locales, lo mismo por parte de la delincuencia que de elementos de gobiernos estatales o presidentes municipales.

De esa forma, se multiplican los actos de corrupción en el otorgamiento de permisos y concesiones, que es un problema endémico en los municipios, en muchos de los cuales se generan nuevos millonarios cada tres años. A nivel estatal, son bien conocidos varios casos recientes de presunto enriquecimiento inexplicable y desvíos.

 De las irregularidades que detecta la Auditoría Superior de la Federación, alrededor del 70% de los montos corresponde al uso de recursos federales en los estados.

Es frente a estos antecedentes, que resalta la necesidad de exigir posturas claras y compromisos; más aún ante el panorama que se presenta, en que las elecciones y la proyección de bajos ingresos podrían elevar la deuda de entidades federativas y municipios hasta 15% al cierre del año. Esto no puede permitirse, cuando el crecimiento esperado del PIB Nacional ronda el 3 por ciento.

Demandemos, como mínimo, cinco compromisos básicos que están al alcance de los candidatos y los partidos:

El compromiso puntual con la transparencia y la lucha contra la corrupción, así como la construcción de confianza y credibilidad institucional a nivel local y nacional. Para eso es el programa de declaraciones públicas, «tres de tres».

El compromiso con la reforma educativa, y a través de ella, con el desarrollo sostenible y el futuro de nuestros niños y jóvenes. Para ello, pedimos que suscriban el Decálogo de 10 Compromisos por la Educación Nacional con Equidad y Calidad, que estamos promoviendo diversos sectores y organizaciones de la sociedad civil.

El compromiso con el Estado de derecho y contra la impunidad. Que la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley no se va a manejar discrecionalmente, por ejemplo ante el chantaje, vandalismo y delitos de algunos grupos del magisterio, que vulneran los derechos de terceros sin que haya ninguna consecuencia.

El compromiso de limpiar sus policías y órganos de procuración de justicia, en armonía con las decisiones que se tienen que tomar a nivel nacional, factor clave en varias zonas. Se requieren definiciones precisas de plazos y consecuencias para el no cumplimiento, como la sustitución completa de esos cuerpos de seguridad local por refuerzos estatales y/o federales.

El compromiso de generar estrategias de desarrollo regional de la mano de los sectores productivos locales y nacionales, con visión de largo plazo y objetivos muy concretos.

En esta tarea, la mayoría de los estados han fallado históricamente, y también en años recientes. Según estudios, casi el 70% de las entidades reprueba en términos de desempeño y contribución al desarrollo económico a nivel local. Eso explica en una buena parte por qué hay estados que han tenido tasas de crecimiento anual de dos dígitos, mientras que otros se mantienen estancados.

La consigna es clara: menos promesas sin fundamentos, y más compromisos concretos y de cumplimiento comprobable. El cambio en México y la capacidad transformadora de nuestra democracia, dependen de la participación y la exigencia ciudadana. Hagamos la diferencia.

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