3 líneas de acción para transformar a las empresas hacia una nueva cultura anticorrupción


   

Martes, 25 de julio de 2017

Este miércoles 19 de julio, venció el plazo para la puesta en marcha del tan esperado y determinante Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Sin embargo, hoy todavía no existe un sistema completo y con capacidad para ejercer sus funciones a cabalidad. En el sector privado llamamos a los poderes Ejecutivo y Legislativo a que apoyen de una vez por todas, la implementación del sistema y, por nuestra parte, nos comprometemos con la sociedad a tomar acciones concretas para combatir la  corrupción en y desde las empresas.

Siguen pendientes muchos elementos centrales del nuevo sistema que le impiden combatir efectivamente la corrupción en México. Por ejemplo, aún no se realiza el nombramiento de un fiscal anticorrupción que cumpla con las exigencias y expectativas de la sociedad. Faltan por establecerse los Sistemas Locales Anticorrupción que deben armonizarse con el sistema nacional y pendiente la designación de los 18 magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), órgano responsable de juzgar los casos graves de corrupción, tanto de funcionarios públicos como de particulares.

Estos retrasos y contratiempos no deben ser motivo para bajar la guardia. Al contrario, la sociedad debe tomar la iniciativa y poner el ejemplo. Es necesario que los ciudadanos tomemos el liderazgo y asumamos el compromiso de combatir la corrupción desde nuestra propia trinchera y de seguir exigiendo a los representantes del poder público que tomen medidas contundentes para seguir ese ejemplo. México no puede tolerar más abusos de autoridad, ni más corrupción de quienes más obligados están a combatirla. Es por eso que, desde el sector privado, nos unimos al movimiento #VamosporMás, junto con un importante grupo de organizaciones de la sociedad civil, académicos y ciudadanos destacados, para exigir avances en la lucha contra la corrupción.

Ésta es una respuesta necesaria ante la realidad que se vive en el sector privado en el país. De acuerdo con la primera Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental, 82.2% de las empresas y empresarios consideran que su negocio se ve afectado de manera negativa por la corrupción; 81% reconoce un aumento en los costos de operación por sobornos, y en su mayoría estima que los pagos extraoficiales ascienden hasta el 10% de las utilidades de las empresas.

Pero además, los empresarios mexicanos estamos decididos a poner de nuestra parte para detener la corrupción desde nuestra trinchera, desde nuestro sector. Justamente hace algunos días entró en vigor la  nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, que impone duras sanciones a las empresas por soborno, tráfico de influencias y uso indebido de recursos.

En el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estamos trabajando para difundir el contenido de la nueva Ley y ayudar a las empresas a garantizar su cumplimiento. Este nuevo marco normativo contempla que las empresas que cometan actos de corrupción enfrenten sanciones que van desde la devolución del doble del beneficio recabado por medio un acto ilegal, hasta la disolución de la empresa, junto a la devolución del daño a la Secretaría de Hacienda.

Este paso significa un avance importante en el fomento a una cultura generalizada de legalidad y Estado de Derecho. Son normas orientadas no sólo a castigar, sino a prevenir los actos de corrupción. Su objetivo es propiciar un ambiente adecuado para el desarrollo y el crecimiento de las inversiones, los negocios y los emprendedores.

Por esta razón, es fundamental que las empresas conozcan de manera completa los cambios que se realizaron en la ley administrativa, así como los mecanismos de denuncia que se definieron en este nuevo régimen. Es fundamental que las empresas se acerquen a las cámaras y organizaciones empresariales a las que pertenecen. Todos estaremos preparados para proveer lineamientos y consejos que permitan operar dentro de la ley y contribuir, así, a la construcción de un pleno Estado de derecho.

De acuerdo con la nueva legislación, uno de los criterios para establecer las sanciones ante un incumplimiento, será la existencia y rigor de una política de integridad empresarial al interior de las organizaciones. Por ello estamos, estamos trabajando en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, académicas y de abogados en tres líneas de acción:

  1. Una actualización del Código de Integridad y Ética Empresarial del CCE, adaptado a la nueva legislación. Este documento servirá como guía para que las empresas puedan construir y sostener políticas de integridad que permitan la actuación ética y responsable de cada uno de sus empleados, trabajadores y ejecutivos.

En este nuevo marco, para las empresas es fundamental contar con un código debidamente publicitado y socializado entre cada miembro de la empresa, que delimite funciones y responsabilidades y especifique cadenas de mando y liderazgo. Además, generar políticas de recursos humanos que eviten la incorporación de personas que impliquen un riesgo a la integridad de la corporación, de la propia empresa.

  1. Procesos de capacitación y entrenamiento sobre la nueva legislación, así como las mejores prácticas en temas de integridad.
  2. Lineamientos y manuales para ayudar a las empresas a implementar una profunda cultura de cumplimiento de la ley y las mejores prácticas anticorrupción, de acuerdo con su tamaño y giro, empresa por empresa.

Adicionalmente, como parte del compromiso anticorrupción, exhortamos a las empresas a denunciar potenciales hechos de corrupción, a través de órganos de administración, vigilancia o representación y colaborar así con las autoridades en investigaciones judiciales.

Si queremos generar una verdadera transformación de la cultura de impunidad en nuestro país, tenemos que iniciar por nosotros mismos. Y los empresarios pondremos el ejemplo, estamos dispuestos a ello.

La sociedad y la iniciativa privada estamos decididos a construir un país más honesto. El sector público tiene que estar a la altura y aportar, sin mayores dilaciones ni más pretextos, a la construcción de un México donde la ley se cumpla y los derechos se respeten.