11 prioridades ante un escenario complejo

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Tenemos para los próximos meses la obligación de fomentar la toma de decisiones sobre grandes desafíos: enfrentar la volatilidad internacional y, al mismo tiempo, reactivar el consumo, la inversión y el mercado interno; afianzar el aterrizaje de las reformas, pero sin descuidar los retos de corto plazo; mayor eficacia, pero también énfasis en la ética y el control ciudadano.

En este contexto, vemos dos prioridades macro: implementación eficaz y completa de las reformas y el fortalecimiento del Estado mexicano en favor de la democracia, la gobernabilidad y la legalidad. Y con este trasfondo, estamos planteado a los integrantes del nuevo Congreso de la Unión, 11 prioridades que no pueden soslayarse, de particular interés para el sector privado.

Uno: medidas a la legislación fiscal para impulsar el crecimiento, la inversión, ahorro y empleo. Confiamos en que el Gobierno Federal y los legisladores serán sensibles a la situación que prevalece en la economía nacional de crecimiento bajo e inercial, implementando soluciones efectivas, que no comprometan las finanzas públicas ni la estabilidad macroeconómica.

Dos: Presupuesto Base Cero y Responsabilidad Financiera. Una gran oportunidad para el país, sólo si en verdad va en serio y se sustenta en principios de eficiencia, racionalidad y prioridad, con el compromiso de dejar atrás inercias. Que la asignación de recursos permita al Estado cumplir con sus funciones esenciales y bajar gastos innecesarios y dispendios.

El gran reto es que la eficiencia en verdad sea criterio rector; que la austeridad prometida vaya a fondo y en los rubros que no son estratégicos. Es posible que sea necesario hacer ajustes adicionales a la baja en el presupuesto.

Tres: Combate a la Corrupción e impulso a la Transparencia. Aquí están pendientes las asignaturas claves de las Leyes secundarias sobre Transparencia y las relativas al Sistema Nacional contra la corrupción.

Cuatro: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, con el imperativo de impulsar la aprobación de un nuevo marco jurídico, a partir de la minuta aprobada por Diputados, incorporando ajustes que la enriquezcan para una mejor planeación de las obras y una mayor transparencia en licitaciones.

Entre las mejoras que proponemos están el armonizar la nueva ley con los avances logrados en el Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley de Transparencia, manteniendo los equilibrios debidos. Asimismo, propiciar una visión integral en los tres principales momentos de la contratación pública: pre-contratación, contratación, post-contratación.

Cinco: la Reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Hay que impulsar la simplificación de los trámites para la constitución de empresas.

Vamos a promover reformas para simplificar la disolución de sociedades y la modernización de las prácticas de gobierno corporativo de las empresas, lo que permitirá agilizar su eficiencia operativa y potenciar su competitividad, con instrumentos acordes a los estándares internacionales.

Seis: Consulta Indígena, materia en la que debe perfilarse un marco legal que, al tiempo que ratifique el derecho constitucional de los pueblos y comunidades indígenas, establezca las precisiones pertinentes a fin de no afectar la seguridad jurídica en obras y proyectos, ni para desincentivar las nuevas inversiones derivadas de las reformas estructurales aprobadas.

Siete: Desvinculación de los Salarios Mínimos y otros temas laborales, que incluye la Reforma constitucional en la materia, así como establecer una nueva unidad de medida, con un método de actualización adecuado.

Paralelamente, en el objetivo de consolidar un esquema equilibrado entre empleadores y trabajadores, hay que trabajar en materia de subcontratación para sancionar malas prácticas, sin afectar a las empresas que utilizan este esquema de manera adecuada.

Igualmente, para la tabla de enfermedades, cuidar la claridad en los diagnósticos.

Ocho: es fundamental avanzar hacia un esquema de pensiones y de salud pública que tenga viabilidad financiera de largo plazo y fomente la formalidad en la actividad económica, así como la calidad en el servicio.

Nueve: en materia de Salud, la prioridad es sustituir servicios que no funcionan, mediante mecanismos como APPs, concesiones o subrogación para reducir gastos y costos laborales, generar ahorros y promover el empleo. En Pensión Universal: cuantificar el costo del programa y sus implicaciones futuras para las finanzas públicas.

10: Urge definir las reformas legislativas que contribuyan a resolver los problemas en materia de seguridad pública. Retomar cuanto antes el análisis de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal en noviembre de 2014, con estas prioridades: Consolidar mandos únicos estatales: depuración y profesionalización de cuerpos policiales; infiltración del crimen organizado en municipios; redefinición de facultades en materia federal y estatal; impulsar un paquete de leyes para dar certeza jurídica a nuestras Fuerzas Armadas.

11: Agenda ambiental pendiente, como la ley de aguas. Hay que garantizar que la legislación en materia de protección al medio ambiente sea compatible con el crecimiento económico y la certidumbre jurídica necesaria para invertir.

El escenario obliga a asumir posturas y tomar decisiones estratégicas de enorme complejidad, dada la multiplicidad de los factores involucrados.

En materia económica, es preciso salvaguardar la salud macroeconómica y de las finanzas públicas, en un entorno de alta inestabilidad internacional. Al mismo tiempo, el contexto social exige aprovechar las alternativas que existen para conseguir que el mercado interno realmente repunte y salga de la atonía.

En la vertiente política, los tiempos inevitablemente van a comprimirse, rumbo al 2018 y con el impasse de las elecciones locales del 2016 y 2017, además de los problemas sociales vigentes.

El reto: las decisiones hay que tomarlas con presteza y firmeza, pero sin anular el margen de flexibilidad necesario ante toda dinámica de volatilidad e incertidumbre.

El sector empresarial reafirma, ante estos desafíos, su determinación de ser factor de equilibrio y acuerdo, en favor del bien común. En esta tarea, México cuenta totalmente con sus empresarios.